El caso AMIA vuelve a una especie de punto cero
A casi 25 años del atentado contra la AMIA, este miércoles se vuelve a una especie de punto cero. El Tribunal Oral Federal 3 pondrá en marcha el juicio contra Carlos Telleldín para determinar básicamente si fue cómplice de los terroristas. En otras palabras, si entregó la camioneta Trafic que estalló en la AMIA sabiendo que se iba a utilizar para el atentado. A primera vista no parece fácil probar algo con 25 años de demora, más todavía si se tiene en cuenta que buena parte de las evidencias fueron armadas por el exjuez Juan José Galeano condenado recientemente por fraguar pruebas.
Los jueces Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Carero esperan terminar el juicio antes de fin de año. Los testigos son aproximadamente 100, pero la base fáctica es la que se determinó en el juicio original, terminado en 2004 y en el que Telleldín fue absuelto justamente porque el tribunal anuló todo el expediente porque determinó que se compraron pruebas y se armaron testimonios privando de la libertad a testigos. Años después, la Corte Suprema confirmó casi todo el fallo, pero dijo que la primera parte del expediente, la referida a la camioneta, no correspondía anularla.
En aquella oportunidad el TOF 3, con otra composición, estableció que el atentado fue cometido con la camioneta Trafic y que se usó un motor que Telleldín compró y con una carrocería cuyo origen no está claro. El Enano, como le decían a Telleldín, armaba camionetas con partes robadas. En este caso, el motor correspondió a una Traffic que se incendió y había pertenecido a la empresa Messin. El intermediario fue Alejandro Monjo, una de los mayores comercializadores de vehículos con daño total, que se la vendió a Telleldín. Respecto de la carrocería, El Enano dice que no sabe: él admite que usó una carrocería que era del disc jockey Sarapura, pero no es la que apareció entre los escombros.
Según sostuvo Telleldín, el domingo 10 de julio de 1994 le vendió la camioneta a una persona de acento centroamericano que se presentó como Ramón Martínez y exhibió un viejo documento de identidad a ese nombre. Pagó 11.500 dólares en efectivo. Seis días más tarde, el sábado 16, la Trafic fue estacionada frente a la facultad de Medicina de la UBA, en un parking de la calle Azcuénaga. Alguien lo retiró el lunes 18 ya con los explosivos encima, lo manejó hasta la AMIA y lo incrustó en la mutual judía. Habrá que probar que la versión de Telleldín es falsa y que la jugada del ex armador de autos fue dolosa, o sea que supo que el vehículo se iba a usar para el ataque contra el edificio de Pasteur 633.
La Unidad Fiscal de Investigación AMIA, que reemplazó a Nisman tras su muerte, hizo un trabajo infinitamente mejor que el del fiscal fallecido. Recurrió a la tecnología y determinó, con el uso del microscopio de barrido electrónico, que los pequeños metales encontrados en las víctimas, extraídos de los cuerpos después de las autopsias, correspondían a una Trafic. Pero no está claro qué carrocería tenía ese vehículo. De todas maneras, el trabajo de la UFI-Amia no podrá tomarse en cuenta porque rige la acusación formulada por Nisman en 2012.
Telleldín se recibió de abogado durante los años en que estuvo preso, de 1994 a 2004, y hoy tiene mucho trabajo. Según se sabe, tendrá a su lado a dos miembros de la defensoría oficial, Verónica Blanco y Verónica Carzoglio, pero es obvio que él mismo va a decidir sobre la estrategia. Por de pronto, se dice que Telleldín no abrirá la boca en todo el juicio, aunque El Enano ha sido siempre cambiante y habrá que ver cómo evolucionan las cosas.
Desde el punto de vista de Telleldín, él ya tiene la pena cumplida, aunque lo condenen a reclusión perpetua. El propio Nisman convalidó el dos por uno, por lo que debe computarse que estuvo en la cárcel un equivalente a más de 20 años de prisión, a lo que se suma lo que se descuenta de la pena por los estudios. Los querellantes seguramente van a alegar que hay pena por cumplir.
El juicio arranca temprano en el edificio de Comodoro Py, el mismo que ha sido sede de una cantidad asombrosa de maniobras denunciadas a lo largo de un cuarto de siglo por los combativos familiares de las víctimas. En representación de todos ellos, la cabeza de querella será Sergio Burstein, mientras que también la AMIA y la DAIA, de manera unificada, tendrán el papel de querellantes.