El Gobierno anunció el plan de emergencia
Para contener la debacle del consumo y mejorar las perspectivas electorales, el gobierno de Mauricio Macri anunciará un conjunto de medidas que tendrá como atracción central un nuevo acuerdo de precios para algunos productos de la canasta básica. La iniciativa oficial incluye créditos y descuentos para jubilados, pensionados y titulares de la asignación universal. También contempla beneficios tributarios para empresas pymes que serán implementados a través de la AFIP. Los instrumentos previstos no alterarán el estricto programa de austeridad pactado con el Fondo Monetario Internacional pero se conjugan con la nueva estrategia cambiaria lanzada desde el Banco Central. Al congelar la banda de flotación y ampliar la oferta de dólares a través de las subastas diarias, la Casa Rosada apuesta a una apreciación del tipo de cambio que colabore en la desaceleración de los aumentos. La recomposición del poder de compra está condicionada por el aumento en el desempleo, la precarización laboral y el resultado de las negociaciones salariales.
A lo largo de las últimas semanas, el gobierno mantuvo reuniones con empresas proveedoras y supermercados. El objetivo de los encuentros en la Secretaría de Comercio fue solicitarles el compromiso para “reforzar” el programa Precios Cuidados con un congelamiento por seis meses de los precios de algunos productos básicos. El listado de los productos que no registrarán variaciones será presentado hoy por los ministros Dujovne, Sica y Stanley en una conferencia en la residencia de Olivos, prevista para las 11.30.
Las negociaciones indican que el listado estará compuesto por alimentos y bebidas y algunos artículos de higiene personal. Con un alza del 4,7 por ciento en marzo, la inflación acumulada en el trimestre asciende a 11,8 por ciento y asciende a 54,7 por ciento en doce meses. Las cifras presentadas por el Indec representan el mayor nivel desde 1991. Una de las incógnitas es el precio de ingreso de los productos al congelamiento. Diferentes empresas aprovecharon las últimas jornadas para enviar nuevas planillas de precios a los supermercados. Entre las dificultades que enfrentará la Secretaría de Comercio para profundizar Precios Cuidados es el desmantelamiento que hizo a comienzos de 2016 de las áreas de inspección y control del cumplimiento.
Entre las medidas que anunciará el gobierno se incluiría una reforma a la ley 22.802 de Lealtad Comercial. La iniciativa forma parte de un listado de proyectos elaborados por el Ministerio de Producción y Trabajo que encabeza Dante Sica. “Protege a las pymes contra el abuso de las grandes empresas”, indica un documento interno de la cartera al referirse a las prácticas de competencia desleal. Las maniobras abusivas que pretende disuadir la reforma apuntan a los abusos de poder de las grandes cadenas de supermercados que imponen condiciones y precios a sus proveedores más pequeños.
El relanzamiento de los créditos Anses será otro de los componentes del anuncio. La especulación es que se incrementarán los montos de los préstamos aunque las tasas se mantendrán por encima del 50 por ciento. Un relevamiento realizado por los trabajadores de la Anses mostró que los créditos lanzados en 2017 se convirtieron en un mecanismo para pagar alquileres, abonar las boletas de luz y gas, adquirir medicamentos o comprar audífonos. El contexto recesivo junto con las reformas del sistema previsional, en particular el cambio de la fórmula de actualización de los haberes, golpeó de frente sobre el poder adquisitivo de las jubilaciones, pensiones y asignaciones.
A comienzos de marzo, el gobierno decidió un incremento del 46 por ciento en el monto de la Asignación Universal por Hijo. Con el visto bueno del FMI, los pagos mensuales se elevaron a 2652 pesos por hijo. Ese monto se mantendrá constante entre marzo y diciembre. Será el único aumento del año para la AUH. El reajuste en la asignación universal no permitió recomponer el retroceso acumulado en la prestación desde que comenzó la gestión de Cambiemos.
Como parte de las medidas para atenuar el impacto electoral de la recesión, el gobierno decidió aplicar en tres cuotas el último aumento del gas. Con el esquema propuesto, los usuarios residenciales afrontarán una suba de 10 por ciento en abril, otra de 9,1 por ciento en mayo y una de 7,5 por ciento en junio que en términos acumulados suma 29 por ciento. No obstante, a partir de ese último mes, y durante todo el invierno, la tarifa, que pasará a ser mensual, llegará con un descuento de 22 por ciento que los usuarios deberán afrontar luego entre diciembre y marzo. Al igual que en 2017, el objetivo oficial es evitar que lleguen facturas con fuertes subas antes de las elecciones nacionales de octubre. Después será la hora de pagar la cuenta.