Los conflictos de intereses se convirtieron en una de las marcas registradas del gobierno de Cambiemos. Finanzas, energía, agroindustria y producción fueron algunas de las áreas desbordadas por funcionarios con trayectorias laborales en grandes compañías y participaciones en empresas privadas. La apropiación de las políticas educativas fue canalizada por las elites económicas a través de un conjunto de fundaciones y organizaciones no gubernamentales. En un marco de ajuste estructural y conflicto gremial, la intervención estatal fue cediendo espacio a esas ONG mediante la firma de convenios para capacitar docentes, informatizar datos, editar materiales y realizar evaluaciones estandarizadas. Una nueva investigación del Observatorio de las Elites perteneciente al Centro de Innovación de los Trabajadores de la UMET identificó que 9 directivos de las ONG a cargo del proceso de mercantilización de la educación están vinculados de manera directa con el gobierno de Mauricio Macri. El relevamiento identifica la existencia de 7 fundaciones con acceso privilegiado a la gestión gubernamental: Proyecto Educar 2050, Educere, Eduprensa, Eidos, Enseñá por Argentina, Asociación Conciencia y Fundación Varkey. A los funcionarios y familiares vinculados a las ONG educativas se suman 19 directivos que mantienen lazos familiares o laborales con importantes empresas privadas locales y extranjeras como Banco Galicia, Techint, Arcor, Banco Santander, HSBC, Telefónica y Bunge.

Entre los casos de puerta giratoria identificados por el documento del Observatorio de las Elites que dirige Ana Castellani figura el de Victoria Zorraquín. Directora Ejecutiva de Educere, una fundación especializada en programas de capacitación para directivos de escuelas, Zorraquín ingresó al gobierno nacional en 2016 como Directora de Escuelas Secundarias Agrarias del ex Ministerio de Agroindustria de la Nación y, desde febrero pasado, se desempeña en la Dirección de Formación Continua en la provincia de Buenos Aires. El informe precisa que la asociación civil dirigida por Zorraquín está a cargo desde 2016 de la implementación del Programa de Liderazgo e Innovación Educativa, destinado a la capacitación de directivos de escuelas como parte de un acuerdo suscripto por Educere y la Fundación Varkey. Como reveló PáginaI12, el acuerdo con la fundación perteneciente al grupo del multimillonario indio Sunny Varkey fue promovido por el presidente Mauricio Macri y el senador Esteban Bullrich. El cuestionado programa se implementó mediante contrataciones directas por 5,4 millones de dólares entre 2017 y 2019 que permitieron eludir los mecanismos tradicionales de licitación. El informe señala además que Zorraquín es familiar del secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín.

“Con el cambio de gobierno se incrementó sustancialmente el grado de exposición a la captura de la decisión pública por la incorporación masiva de ex gerentes, empresarios y directivos de fundaciones diversas, originando situaciones claras de conflictos de interés, internalización de lobbies sectoriales en el entramado estatal y prácticas colusorias que atentan contra la autonomía estatal a la hora de diseñar e implementar políticas públicas”, sostiene el informe elaborado por Castellani. En el ámbito educativo, los mecanismos de captura de la decisión pública se traducen en un creciente proceso de mercantilización que, según explica la directora del Citra, consiste en: a) el avance de las empresas en la definición e implementación de las políticas educativas, b) la promoción de los valores, principios y criterios organizacionales propios del mercado en el campo educativo, y c) la prestación de servicios educativos diversos (capacitación docente, plataformas educativas, informatización de datos, edición de materiales y realización de evaluaciones estandarizadas, entre otros).

Un segundo caso de puerta giratoria es el de María Angela Cortelezzi. Directora Ejecutiva de Proyecto Educar 2050, que en agosto de 2018 ingresó a la cartera educativa nacional con el cargo de Directora Nacional de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa de la Secretaría de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Un tercer ejemplo corresponde a Agustín Carol Batto, cofundador y director de Eidos, una ONG dedicada a dictar cursos de “sensibilización emprendedora”, que se desempeñó como asesor en el Ministerio de Educación porteño en 2015 para asumir como Coordinador Nacional de Programas del Ministerio de Educación de la Nación (2015-2016) y la Presidencia del Grupo de Jóvenes del G20 (2017-2018).

El recorrido inverso –desde la función pública hacia las fundaciones educativas– fue experimentado por Lucía Oromí Escalada. Luego de trabajar en la función pública del área educativa de la Ciudad de Buenos Aires pasó al ámbito nacional como funcionaria del gabinete del Ministerio de Educación y actualmente se desempeña como Directora Institucional de Eduprensa, el portal de noticias educativas que cumple un rol clave en la construcción y divulgación de la agenda y los programas educativos. Otro caso identificado por el Observatorio de las Elites es el del ex viceministro de Hacienda y Finanzas Pedro Lacoste durante la gestión de Alfonso Prat-Gay. Durante su gestión, el economista se desempeñó como miembro del Consejo Asesor de Enseña por Argentina que en 2016 firmó un convenio para la formación de jóvenes profesionales que actúen como acompañantes de los docentes en el nivel medio.

Además de los casos de puerta giratoria, el relevamiento coordinado por Castellani evidencia que las “fundaciones educativas que se presentan como organismos independientes entre sí en realidad están fuertemente imbricadas por sus principales directivos entre ellas, con el gobierno y con las grandes empresas. Lo fragmentado está mucho más unido de lo que aparenta”. El documento identificó que los principales patrocinadores de estas organizaciones son entidades financieras y firmas energéticas que no tienen vinculación directa con la provisión de bienes y servicios educativos. El ranking de los patrocinadores lo lidera el Banco Galicia que figura apoyando a siete de las organizaciones educativas relevadas.