Un revés judicial contra la xenofobia
El 24 de octubre del año pasado cuatro extranjeros y 22 argentinos fueron detenidos como parte de un operativo represivo contra la movilización por la ley de Presupuesto 2019. Se los acusó, en función de actas policiales, de delitos como atentado y resistencia a la autoridad y daños. Sobre el turco Anil Barán, los venezolanos Felipe y Víctor Puleo Artigas y el ciudadano paraguayo Luis Fretes se contaron historias asombrosas que los pintaban como espías o activistas violentos contra el G-20, como forma de exacerbar el punitivismo xenófobo tan de moda en tiempos electorales. El Gobierno anunció con saña que les quitaría la residencia y los deportaría: “Buscamos expulsar lo más rápidamente a los extranjeros que ejercieron la violencia”, dijo Rogelio Frigerio y el director de Migraciones, Horacio García, pedía un juicio abreviado “como solución para expulsarlos”. La semana pasada, sin embargo, el fiscal penal contravencional porteño Federico Tropea firmó una resolución taxativa que ordena el archivo de la investigación que tramitó contra todos los detenidos porque no encontró ni una sola prueba de que estuvieran cometiendo un acto de violencia ni ningún delito ese día al ser detenidos.
“No hay ni videos, ni fotos, ni otros elementos que permitan acreditar que estas personas cometieron algún delito. No tiran piedras ni agreden o resisten órdenes. El Centro de Investigaciones Judiciales analizó cientos de horas de filmaciones públicas y privadas en las que no aparece nada. Por eso se decide el archivo por falta de pruebas”, explicó a PáginaI12 un funcionario allegado a la investigación. La resolución de Tropea fue presentada ante la jueza María Tula del Moral, pero ya da la pesquisa por terminada, a menos que aparezca alguna prueba. El texto evoca fallos referidos a movilizaciones –como las de la reforma previsional de 2017– anteriores en las que distintas fuerzas de seguridad realizaron detenciones a mansalva y al voleo, como si fuera un modus operandi. Hizo hincapié en un fallo del juez Sergio Torres que sobreseyó a 58 manifestantes, aunque procesó a once, pero señaló la arbitrariedad policial.
La particularidad de la represión de la protesta contra el Presupuesto 2019 fue el empecinamiento del Gobierno en poner el énfasis en que entre los detenidos había cuatro extranjeros, intentando generar un tratamiento diferenciado cuyo mensaje esencial era que si una persona de otra nacionalidad que se encuentra en la Argentina comete un delito, entonces hay que expulsarla. La ley de Migraciones prevé todo un procedimiento que los funcionarios, y en los últimos tiempos parte del Poder Judicial, no tienen interés en respetar. Por ejemplo, debe haber una condena, y se deben ponderar factores de índole familiar. Pero el Estado decide invertir tiempo y recursos en este tipo de acusaciones estigmatizantes sin ningún sustento.
Ya por entonces el turco Anil Barán relató a este diario que vive en Córdoba con su novia y que había viajado a Capital Federal a hacer un trámite. Paraba en La Plata en la casa de un amigo y había viajado hasta Constitución, desde donde caminó, hasta que se topó con la movilización y unos 20 policías que venían de frente. Cuando tomó la calle Humberto Primo, los policías lo siguieron y le dispararon desde atrás, lo tiraron al suelo y lo ataron y llevaron detenido. Esto mismo relató ante la Justicia, que no pudo recriminarle conducta ilegal alguna. Los medios oficialistas lo pintaron como un hippie antiglobalización amante del Che Guevara porque se había sacado una foto en el museo de Alta Gracia. Algo similar había pasado con los venezolanos Víctor y Felipe Puleo. El Gobierno hizo circular versiones según las cuales eran espías del presidente Nicolás Maduro. Ellos hicieron público un comunicado donde explicaban: “Somos inocentes de los cargos de los que se nos acusa”; “nunca hemos sido funcionarios públicos en Venezuela”. Contaban también que vinieron al país en busca de un futuro mejor. Como viven cerca del Congreso, habían salido a curiosear la movilización y guardar la moto que usaban para repartos. Todos estaban con los papeles al día. “El gran tema derivado de estas circunstancia es el trato discriminatorio hacia los extranjeros que se exacerba”, señaló el defensor general Luis Duacastella. “Ahora –alertó– se sumó una resolución del fiscal general que obliga a los fiscales a comunicar la simple promoción de una causa contra extranjeros. Es algo absolutamente discriminatorio que afecta la igualdad ante la ley, porque crea un registro no previsto de extranjeros indeseables”