Justicia parcial en la causa de los aportantes truchos
En un nuevo movimiento que apunta a desactivar la investigación sobre aportantes truchos de Cambiemos, el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, decidió apartar del caso al juez Sebastián Casanello y enviar la causa a sorteo. El expediente a su cargo avanzaba sobre la responsabilidad de funcionarios en el uso de bases de datos de la Anses para hacer aparecer a los beneficiarios de planes sociales como donantes de dinero para las campañas electorales de 2015 y 2017 y analizaba una relación entre el origen de los fondos y empresas beneficiadas con contratos en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, no se trataba únicamente de infracciones electorales, sino que iba más allá, al unir empresas y gobierno en posibles delitos. El mismo camarista ya le había quitado otra parte de la investigación, que fue enviada a la justicia electoral de La Plata, donde quedarían licuadas las responsabilidades penales.
Es impactante cómo, en un período casi similar al del caso de los aportantes, la causa de (las fotocopias de) los cuadernos, avanzó sin trabas de los tribunales superiores y con gran impulso de los fiscales, con decenas de detenidos, arrepentidos y procesamientos. El mismo fiscal, Carlos Stornelli, es el que hizo planteos tendientes a debilitar la pesquisa sobre aportes truchos. De hecho, la resolución que adopta Iruzun ayer es respuesta a una apelación de la fiscalía que cuestionó una resolución de Casanello, de diciembre último, donde explicaba por qué se quedaba con la investigación de determinados hechos. Irurzun, sin mayores explicaciones y en un texto cargado de tecnicismos, anuló aquella disposición y acusó al juez de ser errático y confuso. Un repaso cronológico permite entender el escenario:
La investigación sobre aportantes se inicia en junio de 2018 cuando el periodista Juan Amorín revela que Cambiemos había utilizado los nombres y datos de cientos de personas (fueron alrededor de 800) para justificar aportes a la campaña legislativa de la provincia de Buenos Aires en 2017. Muchos eran beneficiarios de planes sociales, visiblemente humiledes, que declararon que jamás aportaron ni un peso a la campaña y algunos incluso aparecían como afiliados al PRO pese a que nunca habían hecho ese trámite ni les interesaba. Luego fueron surgiendo más aportantes, de otros ámbitos, como concejales, consejeros escolares y hasta intendentes bonaerenses que nunca habían puesto plata pero aparecían en las rendiciones de campaña del oficialismo con donaciones de hasta 50.000 pesos.
Una parte de las actuaciones quedó en Comodoro Py, en el juzgado de Casanello, y otra, con una denuncia del fiscal Jorge Di Lello, fue a parar a los tribunales de La Plata, donde hasta resultó denunciada María Eugenia Vidal como responsable del partido, y su tesorera María Fernanda Inza, entre otros. En ambas jurisdicciones, hubo maniobras para golpear la investigación y dificultar su progreso.
En territorio bonaerense, el juez Ernesto Kreplak desplegó medidas de prueba y hasta constató cómo aparecía el dinero de origen desconocido, depositado desde cajeros cercanos a la Casa Rosada. Y uno de sus últimos pasos fue avanzar sobre afirmaciones del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, que en su libro “La raíz de todos los males” reveló que Mauricio Macri les pedía a los empresarios para la campaña presidencial el uno por ciento de su patrimonio (en negro). Pero la Cámara Electoral le quitó la causa, donde se investigaban delitos como asociación ilícita y lavado de dinero y la mandó al juzgado electoral de Adolfo Ziulu, que la reclamaba. Si bien tiene facultades de investigar delitos, el eje del trabajo de Ziulu es establecer las infracciones a la ley electoral, que no prevén más castigo que multas o suspensiones que con suerte se aplican dilatadas en el tiempo. Kreplak se quedó con una pequeña parte sobre la campaña presidencial de 2015, pero se la envió a Casanello, y también está en plena apelación.
En los tribunales de Retiro, en un comienzo el fiscal Stornelli impulsó la acción penal ante una denuncia de La Alameda, pero en poco tiempo se inclinó por mandarle todo el juez Ziulu. Casanello pudo cotejar rápidamente que los aportantes que figuraban en la campaña legislativa 2007 eran truchos. Medio centenar de ellos declaró, y puso la lupa sobre el uso de bases de datos de la Anses para la maniobra, lo que implicaría la responsabilidad de funcionarios nacionales. Por esa razón, Casanello rechazó el primer planteo de inhibitoria del juez Ziulu. Se trabó un conflicto y lo resolvió, en soledad, el juez Irurzun que ordenó enviar la causa a La Plata. Casanello se limitó a enviar lo que le pedía su colega plantese.
En el ínterin, la pesquisa se amplió con presentaciones de Margarita Stolbiezer, que fue admitida como amicus curiae, y de la fundación La Alameda. Esta última llevó, por ejemplo, listados que mostraban en la Ciudad de Buenos Aires aparecían como aportantes a la campaña presidencial de 2015 funcionarios de segunda línea, algunos de los cuales fueron a esa organización a pedir ayuda y aportar información. Stolbizer por su lado entregó material clave: empresas que habrían hecho aportes de manera camuflada, ya que la ley se los prohíbe, y que habrían sido beneficiadas con contratos del estado. Para justificar esas donaciones, pusieron los nombres de empleados. Un caso es el de la empresa de seguridad Murata. Empleados de ese firma declararon que jamás habían puesto ni un centavo para Cambiemos. Los periodistas Matías Di Santi y Federico Poore sistematizaron una lista de otras empresas tanto de seguridad como de publicidad e Higiene Urbana, entre otros rubros, donde se repetía el mismo patrón.
La resolución que dictó en diciembre Casanello desglosa, una a una, las denuncias recibidas y explica que se queda con las de La Alameda y Stolbiezer “pues ocurrieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las hipótesis por las que se promovió la acción apuntan a la presunta comisión de delitos de naturaleza federal (presuntas falsedades documentales, delitos contra la administración pública y lavado de activos)”. Sin embargo, Irurzun critica al juez: “El sendero que ha transitado -dice la resolución de ayer– no sólo ha aportado aún más confusión al trámite de este proceso, sino también al de aquellos que se encuentran en conocimiento de la jurisdicción provincial -en particular en los juzgados 1 y 3 de La Plata-dificultando de ese modo el correcto ejercicio de la jurisdicción”.
El panorama para que avance la causa no es auspicioso: el único que podría apelar es el fiscal de Cámara, Germán Moldes, que viene sosteniendo los planteos de Stornelli. Hoy se sorteará nuevo juez, aunque en los despachos vaticinan que podría terminar en el juzgado de Ariel Lijo, que tiene otra causa vinculada, que se originó en enero. Para Gustavo Vera, titular de La Alameda y coordinador de la Multisectorial 21F, “el fallo era previsible; Irurzun no iba a permitir que se investiguen los aportes de las empresas a las campañas de Cambiemos. Eso provocaría una causa similar a la de los cuadernos, pero PRO. La causa va a quedar en el fuero federal pero lo corren a Casanello porque necesitan un juez manipulable”. Stolbizer agregó: “Buscan más impunidad para los delitos del poder, es una vergüenza. Corren al juez Casanello para eso”.