Sobre el reglamento de seguridad
El gobierno de Macri intenta imponer la agenda de la discusión política nacional en medio de la crisis económica que genera efervescencia social. Es común que en los meses de noviembre y diciembre de cada año se encrespen los ánimos de los sectores sociales más afectados por las políticas de ajuste cero, que el gobierno ha firmado con el Fondo Monetario Internacional.
El tema de la seguridad pretende imponerlo como tema de discusión, intentando dividir a los argentinos con temas que duelen mucho a la población, pero que no son la prioridad máxima en las encuestas de opinión; el principal tema que agobia a los argentinos y desvela electoralmente a Macri, es el económico con la inflación, despidos, desocupación, hambre, tarifas, etc. al tope de las estadísticas.
El gobierno nacional fue sorprendido por el desenlace de la crisis cambiaria, que a partir de abril de este año se des-encadenó con gran fuerza, lo que derivó en un proceso inflacionario que sólo y a medias, se ha contenido con altísimas tasas de interés, generando una recesión que podría prolongarse hasta avanzado el año 2019. Estos hechos se han reflejado en el presupuesto nacional de 2019, que fue aprobado con el acuerdo de un sector de peronismo de derecha, con el voto de los Diputados Nacionales que expresan a gobiernos provinciales como el de Sergio Uñac de San Juan.
Para retomar la iniciativa perdida durante más de seis meses de descalabros, Macri y su equipo intentaron imponer como agenda de discusión el tema de la corrupción: léase “tema cuadernos”, que el Juez Bonadío instrumentó con el encarcelamiento espectacular de conocidos funcionarios de los gobiernos del kirchnerismo, los que han complicado a connotados empresarios de la “patria contratista”. Contrariamente a la espectacularidad con que la noticia fue impuesta en los principales medios de comunicación afines al gobierno, la misma se fue diluyendo silenciosa-mente sin más hechos que tener detenidos con prisión preventiva a presuntos corruptos, pero sin aportes de pruebas efectivas.
Otros hechos que han ayudado al gobierno a ocultar la gravísima situación económica, que es el caldo de cultivo de la agitación social y como consecuencia el avance de la delictividad, son la discusión de los argentinos en relación a la realización de la cumbre del G20 y el malogrado partido final por la “Copa Conmebol Libertadores de América” organizado por la Conmebol (La Confederación Sudamericana de Fútbol). Esta discusión se prolonga desde noviembre y avanzado el mes de diciembre, que se definió fuera del país este domingo 09 de diciembre.
En este marco el gobierno de Mauricio Macri intenta instalar la discusión alrededor de la Resolución 956/2018, del Ministerio de Seguridad, que establece el REGLAMENTO GENERAL PARA EL EMPLEO DE LAS ARMAS DE FUEGO POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS FEDERALES DE SEGURIDAD, lo hace con la intención en mantener la iniciativa política y ocultar la realidad en la que desarrolla la inseguridad. Es “fácil” distinguir a policías que balean por la espalda a delincuentes el caso Chocobar es paradigmático pero es difícil acabar con la pobreza, la desocupación, el tráfico de drogas, la falta oportunidades, las injusticias del poder judicial, etc.
Aunque cause tensión interna, al Gobierno le conviene debatir sobre la inseguridad y no sobre Economía (dice el periodista, Van Der Kooy, Clarín, 09 de diciembre).
En esta cruzada del “gatillo fácil”, que encabeza mediáticamente Patricia Bullrich, tiene la ayuda del impacto que ha causado el triunfo del candidato de extrema derecha en Brasil, Jair Bolsonaro, que hizo del combate contra la inseguridad el “caballito de batalla” y bandera electoral. Y más al norte toma ejemplo de la persecución y deportación de inmigrantes que lleva a cabo Donald Trump.
Estos políticos “fuera del tiempo”, que utilizan los remedios fáciles para “resolver” los problemas más graves que crean el desarrollo del modo de producción capitalista, sistema que acumula riquezas en una minoría extremadamente pequeña de la población mundial no más del 1% mientras que en el resto existe una inmensa mayoría de pobres y sin trabajo para resolver las mínimas necesidades. Estas masas de desposeídos, productos de las necesidades, se convierten en el caldo de cultivo para el narcotráfico y la delincuencia organizada, que luego son reprimidas.
Esta resolución recibe, además, la “ayuda” de la reacción rápida expresada en frustración, ansiedad, inquietud, bronca de la población frente a un ilícito que observa o del que puede ser víctima. Las personas cuando es víctima de un ilícito de cualquier dimensión que podamos imaginarnos: robo, atraco, o abuso van más allá de las pérdidas de vida y materiales, sufre estados emocionales que se prolongan en el tiempo marcando su conducta para afrontar el futuro. Muchas de estas personas reaccionan expresando opiniones no “racionales” frente a debates como el que quiere imponer el gobierno.
Pero si pensamos colectivamente sobre las consecuencias para la sociedad, el dejar en manos de personas “autorizadas” a matar, aún por la espalda como lo hace el reglamentación, veremos que los efectos son nefastos sobre los derechos humanos. Este, inmensamente peor para la sociedad que lo consiente o lo autoriza, sin reflexionar a más largo plazo y en profundidad. Debemos recordar que los dictadores se apoyan en hechos reales graves, no resueltos por la misma sociedad, para imponer las ideas represivas que sufre la totalidad del pueblo. Es necesario sólo recordar los 30.000 desaparecidos de la dictadura, para tener dimensión de lo que puede pasar. Y si observamos en el corto tiempo, la resolución ministerial de P. Bullrich está presidida por el galardón del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, joven mapuches de la comunidad indígena Lafken Winkul Mapu, del lago Marcardi, por el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.
Las causas más inmediatas de la proliferación de ilícitos están en ese caldo de cultivo al que nos referíamos más arriba, pero para las persona o conjunto de personas pensar en las soluciones de fondo de esos temas es una utopía, por lo que, en lo inmediato, la reacción es la de dejar en manos de otro, el Estado gobierno que no resuelve, la solución armada y rápida del problema. Perdiendo de vista que al gobierno que encabeza ese Estado en responsable de resolver primero las causa del problema, que son la pobreza y la injusticia social.
La lucha popular y la organización para vencer al gobierno ajustador, que nos ha puesto de rodillas frente al Fondo Monetario Internacional, “el gatillo fácil”, se debe expresar en la derrota electoral del mismo en el 2019. Esta es la solución que el pueblo debe aplicar a los personajes que nos gobiernan, pero que no resuelven los problemas y ocultan su “ineptitud” con medidas fáciles represivas.