San Luis contra el aumento retroactivo
La provincia de San Luis presentará una medida de amparo ante la Justicia Federal para frenar la resolución del gobierno nacional que obliga a los usuarios a compensar a las empresas de gas el costo de la megadevaluación en las tarifas de energía. El planteo considera que esa medida es “ilegal e inconstitucional” será hecho por la Fiscalía de Estado provincial, con el respaldo del gobierno local, y será acompañada por organizaciones de consumidores.
La decisión de recurrir a los tribunales fue confirmada por el fiscal de Estado puntano, Eduardo Allende, quien aclaró que se trata de una presentación “estrictamente jurídica”, es decir fuera de todo carácter político. El funcionario argumentó que los usuarios ya pagaron el incremento del gas las facturas desde abril y que por ello no corresponde el cobro de ningún retroactivo.
“Es como si viniera el dueño de la pizzería a la que fuimos anoche a comer y nos dijera que como aumentó hoy la mozzarella le estamos debiendo plata, de algo que ya pagué”, dijo el funcionario, según consignó el periódico local El Diario de la República.
De esta manera, San Luis se convierte en el primer Estado provincial en rechazar formalmente la cuestionada iniciativa que también fue repudiada en distintas vías institucionales por intendentes y organizaciones de consumidores de todo el país.
Ante este contexto de reclamos generalizados, el fiscal calificó a la medida impulsada por el secretario de Energía, Javier Iguacel, de “absolutamente ilegal e inconstitucional” y puntualizó que, “frente el reclamo de la sociedad, el gobernador (Alberto Rodríguez Saá) me instruyó a mí y al jefe del Programa de Defensa del Consumidor para iniciar una acción judicial”. Esa acción será “un amparo donde pedimos la declaración de inconstitucionalidad de esta norma”, añadió.
Otra de las explicaciones que dio el fiscal de Estado es que el Código Civil “dispone que ninguna norma puede tener efecto retroactivo y todos hemos cumplido pagando nuestra factura gas”, motivo por el cual “no nos puede hacer ahora un aumento retroactivo”.
“Además –prosiguió- el Estado pretende dolarizar las tarifas, apoyándose en una normativa de la década del ’90 del gobierno de Carlos Menem, cuando teníamos economía dolarizada y que preveía el ajuste de las tarifas al precio del dólar. Pero hoy nuestra economía dista muchísimo de esa realidad.”
No es la primera vez que el Estado de San Luis recurre a la Justicia Federal por un tarifazo. En 2016 había presentado una medida cautelar contra los aumentos de hasta el 2 mil por ciento en el gas dispuestos durante la gestión de Juan José Aranguren, al frente del entonces Ministerio de Energía.