Multas para el que reclama
La gobernación de María Eugenia Vidal vuelve a cargar contra el gremio de Roberto Baradel. El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, dijo que impondrá al sindicato docente Suteba una multa de 659 millones de pesos por el paro del lunes y el martes que –según sostuvo– los maestros realizaron desconociendo el dictado de la conciliación obligatoria. El anuncio llegó tras el embargo millonario a la Federación de Camioneros. En respuesta, el Frente de Unidad Docente advirtió que es Villegas el que está incumpliendo su propia conciliación, al no haber llamado a los gremios a retomar las negociaciones salariales.
El punto planteado planteada por el Frente de Unidad Docente es que una conciliación obligatoria ordena a las dos partes a retrotraer sus medidas mientras se abre un compás que permita una negociación. Sin embargo, en este caso, mientras se ordenó a los docentes bonaerenses suspender la huelga convocada, la provincia no devolvió los días descontados y controló las adhesiones escuela por escuela para aplicar nuevos descuentos. Al mismo tiempo, mantuvo sin modificación la oferta del 15 por ciento de aumento (que con el adicional por materiales llega al 16,7, según el cálculo oficial) cuando el propio gobierno reconoce que su estimado de inflación anual es del 30 por ciento.
El Frente de Unidad Docente agregó que estudia presentar una denuncia penal contra el ministro por incumplimiento de los deberes de funcionario público y acusó al gobierno de perseguir a las organizaciones de los trabajadores.
Villegas ya venía amenazando con aplicar la multa al Suteba, pero ahora le dio carnadura con un número. “En función de la reincidencia vamos a aplicar una multa de 659,7 millones de pesos, que es lo que corresponde según la ley vigente”, sostuvo. Para el cálculo su cartera consideró “un salario mínimo por cada afiliado” del Suteba.
En el gremio se enteraron de la multa a través de los medios. Hasta ahora no recibieron notificación de que el trámite administrativo haya sido siquiera iniciado. María Laura Torre, adjunta del Suteba, lo enmarcó en el orden de otra ofensiva mediática, pero apuntó que la decisión de aplicar la multa es “totalmente ilegal”.
Entre los respaldos que recibió el Suteba, la Confederación Sindical de las Américas, organización regional que agrupa a gremios de 21 países del continente, adelantó que enviará una misión para que se respete el derecho a huelga. “Nos preocupa muchísimo que haya un intento de imposición de una multa millonaria cuyo claro objetivo es desfinanciar a los sindicatos”, sostuvo el titular de la CSA, Víctor Báez.
La medida de fuerza de esta semana fue cumplida por el Suteba bajo el paraguas de dos jornadas nacionales de lucha convocadas por Ctera, la Confederación de Trabajadores de la Educación, la organización sindical madre del sindicato liderado por Baradel.
Ya el año pasado la gobernación había metido presión sobre los dirigentes con el anuncio de una multa y el quite de la personaría gremial del Suteba, que finalmente no avanzó. Además de los motivos políticos, hay razones legales por las que no es tan fácil para el Ejecutivo concretar una sanción económica. Sucede que con los docentes de escuelas públicas, el Estado es empleador y autoridad de aplicación de la ley a un mismo tiempo. Por eso, hay jurisprudencia que dispuso que debe ser creada una instancia con autarquía para la resolución de estas situaciones, lo que nunca se concretó.
La paritaria de los docentes bonaerenses lleva 17 reuniones sin avances. El punto en que quedaron trabadas las negociaciones fue el techo del 15 por ciento para el aumento salarial fijado desde la Casa Rosada. Inicialmente, el argumento oficial para defender ese tope fue que la inflación no superaría los 15 puntos. El ministro de Trabajo de la provincia reconoció que se llegó a julio con una inflación acumulada del 16,1 por ciento (Indec), pero sostuvo que “la provincia está cumpliendo con el compromiso de mantener los sueldos docentes por encima de la inflación, porque ofrece a julio un 16,7”. Sobre qué pasaría con los seis meses restantes, la respuesta fue que la gobernación “tendrá que revisar sus metas de recaudación y ver qué oferta puede formular que pueda cumplir”.