Un freno a la separación de familias
La intensa presión desde dentro y fuera del país llevó ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a firmar un decreto para poner fin a la separación de familias de inmigrantes en la frontera con México que, no obstante, mantiene la política de perseguir por la vía criminal a todo el que entre ilegalmente.
“Mantenemos a las familias juntas, pero a la vez mantenemos la frontera fuerte”, proclamó Trump al rubricar la orden ejecutiva en el Despacho Oval, acompañado por el vicepresidente, Mike Pence, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirtsjen Nielsen. “No nos gusta ver a familias separadas pero a la vez no nos gusta ver entrar ilegamente a gente”, dijo.
Lo que hace el decreto es permitir que los niños permanezcan con los padres detenidos, quedando todos bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional. Es decir, los niños permanecerán encerrados con sus padres. Cerca de 2.300 menores –según cifras oficiales– fueron separados desde el 19 de abril de sus progenitores, procesados estos con cargos criminales y enviados a centros carcelarios. A partir de ahora, los niños solo serán separados de sus padres cuando el Departamento de Seguridad Nacional considere que estar con ellos puede suponer un riesgo para el bienestar de los menores.
El gobierno de Trump, asimismo, pidió una modificación de un decreto de 1997, que prohíbe al gobierno federal tener a niños en centros de detención de inmigrantes por más de 20 días, aún si están con sus padres. No obstante, no es seguro si la corte actuará en consecuencia.
Las imágenes de niños en estructuras similares a jaulas dentro de grandes instalaciones y una grabación en la que se oye llorar desconsoladamente a pequeños que acaban de ser separados de sus padres generaron una ola de indignación y protesta tanto en Estados Unidos como en el extranjero. “Esas imágenes afectan a todo el mundo”, admitió Trump cuando por la mañana anunció que a lo largo del día se disponía a firmar el decreto, insistiendo no obstante en su línea dura: “Tenemos que mantener la firmeza o nuestro país se verá desbordado por el crimen”, dijo, al ligar una vez más criminalidad con inmigración, sin tener en cuenta la situación de la que escapan quienes eligen cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos. La mayoría de estas personas son ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala, los países del llamado violento Triángulo Norte centroamericano.
La indignación por la separación de las familias inmigrantes generó fuertes condenas internacionales, entre ellas la del papa Francisco. “La dignidad de una persona no depende de que sea un ciudadano, un migrante o un refugiado. Salvar la vida de alguien que huye de la guerra y la pobreza es un acto de humanidad”, dijo ayer el pontífice en la red social Twitter.
También se pronunció el ex presidente Barack Obama. “Ver a esas familias rotas en tiempo real nos pone ante una cuestión muy simple: ¿Somos una nación que acepta la crueldad de arrebatar a niños de los brazos de sus padres o somos una nación que valora a las familias y trabaja para mantenerlas unidas?”, escribió en un mensaje publicado en su página de Facebook. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también sumó su voz de condena y fue más directo: “Lo que está ocurriendo en Estados Unidos está mal”, dijo.
Según la cadena CNN, la primera dama estadounidense, Melania Trump, ejerció influencia sobre su marido para poner fin a esta política. “Creo que cualquiera con un corazón podría actuar de la misma manera”, aseguró Trump durante la firma del decreto, y confirmó los dichos de la CNN al señalar que su hija Ivanka y su esposa Melania tenían sentimientos muy fuertes sobre el tema.
Sin embargo, tanto la oposición demócrata como los republicanos, sostenían que el presidente podía terminar él mismo con esa situación, que forma parte de una política de lo que llama tolerancia cero contra la inmigración ilegal lanzada el mes pasado. La situación actual se ha generado con un cambio de política llevada adelante por el fiscal general del Estado, el ultraconservador Jeff Sessions. Hasta que intervino Sessions, a los indocumentados detenidos se les imputaban por lo general cargos civiles. Pero el fiscal general ordenó que todos los detenidos, tras entrar en el país ilegalmente, fueran procesados con cargos criminales, y eso es lo que llevó a que les quitaran a los niños al mandarlos a un centro penitenciario.
Los menores quedaban bajo custodia del Departamento de Sanidad y Servicios Humanos hasta que se les asignaba un tutor. Tras la orden ejecutiva firmada ayer por Trump, los menores quedarán bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional junto a sus padres. Éste, dirigido por Kirstjen Nielsen, es el responsable de la frontera y fue creado tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Pese a que fue el cambio de política que hizo Trump lo que condujo a la separación de familias, el mandatario culpa de ella a los demócratas, asegurando que son las leyes aprobadas por el Congreso bajo presidencias demócratas las que la provocaron. El mandatario intentó así presionarlos para votar la restrictiva reforma migratoria que persigue desde hace tiempo y que, además de incluir millones de financiación para su controvertido muro en la frontera con México, supondría un profundo cambio en el sistema de inmigración legal, que pasaría de estar basado en la reagrupación familiar a estar basado en el mérito.