Triaca refuerza su alianza con los gordos
El Ministerio de Trabajo puso un freno al reconocimiento de nuevos gremios. Así empezó a hacer realidad uno de los pedidos que unen a Mauricio Macri, que a principios de año se quejó de la existencia de más de 3.000 organizaciones sindicales y obras sociales y a los Gordos.
Mientras durante el kirchnerismo se crearon en promedio 60 sindicatos por año, Jorge Triaca, desde su llegada a la cartera de Trabajo, habilitó la inscripción de solo nueve hasta la fecha, según informó La Nación.La intención oficial de reducir la cantidad de gremios es tan evidente que el último año pasaron casi diez meses sin que un sindicato fuera habilitado e, incluso, el ministerio lleva más de un año desoyendo un fallo judicial que ordenó la inscripción de una nueva asociación.
Así, el Gobierno responde a un pedido del sector empresario que prefiere negociar con un solo interlocutor, pero también de la CGT donde ven con desconfianza el surgimiento de nuevas entidades sindicales que le disputen afiliados y erosionen su poder de representación.
Según datos oficiales, hoy hay 3.376 gremios en la Argentina. Del total, 1.708 asociaciones sindicales tienen simple inscripción, por lo que solo pueden representar intereses individuales de sus afiliados.
En cambio, solo 1.668 sindicatos tienen personería gremial, es decir que tienen representación colectiva y que por ello se encuentran habilitados para negociar la paritaria, retener automáticamente la cuota sindical y administrar sus propias obras sociales.
El lunes pasado, después de 10 meses, la cartera laboral publicó en el Boletín Oficial la orden de inscribir el Sindicato de Empleados de la Industria de la Carne del departamento de General Obligado (Santa Fe) en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores, el único de 2018.
Según surge del análisis de las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, se otorgó la simple inscripción de otros tres el año pasado y cinco en 2016.
Pero en esta historia hay un caso emblema de la política de bloqueo: la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE).
La organización que busca representar los intereses de todos los abogados del Estado, aun con un fallo favorable de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de diciembre de 2016, no logra que el Ministerio de Trabajo ordene su inscripción.
“Está en trámite el expediente. El ministerio es muy exhaustivo en estos procesos. Es una inscripción gremial y no es un tema menor. Cuando esté en condiciones va a salir”, explicaron a La Nación en la cartera laboral.
El 11 de noviembre de 2011 la asociación presentó la solicitud de inscripción gremial ante el Ministerio de Trabajo. Tras recibir unas observaciones, el 22 de octubre de 2014 recibió dictamen jurídico favorable para el reconocimiento de la inscripción, pero hasta la fecha el pedido no se materializó.
Según la ley de asociaciones sindicales, el trámite debería cumplirse en un plazo de 90 días.
Ante la inactividad del Ministerio de Trabajo, la asociación recurrió a la Justicia y el 6 de diciembre de 2016 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó al ministerio la simple inscripción gremial de AGAE.
La Cámara consideró que “no existe justificación alguna para impedir la inscripción” y alertó sobre el “comportamiento manifiesto dilatorio” del Ministerio.
“El fallo es contundente y la sentencia está firme. Nosotros dejamos pasar un par de meses para que se reacomoden un poco las cosas y ver si podíamos encontrar una vía diplomática que nos llevara a buen puerto”, explicó a La Nación Rubén Ramos, secretario general de AGAE.
“Sabemos que hay algunos actores dentro de los gremios y el Estado a quienes les incomoda nuestra presencia”, agregó.
Esta “incomodidad” a la que alude Ramos se puede deber a que la inscripción de AGAE, por un lado, irrumpiría en una actividad hegemonizada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y, por el otro, a las tareas de gran sensibilidad que realizan los abogados del Estado.
Los profesionales del derecho tienen un rol fundamental en el funcionamiento de la administración pública: ejercen el control de legalidad de los actos de los funcionarios y la representación y defensa del Estado nacional en una multiplicidad de litigios.
Ramos puso reserva de ir por la vía penal, específicamente por la figura de mal desempeño del funcionario público del artículo 249 del Código Penal.
“Nosotros no nos queremos pelear con el Ministerio de Trabajo porque queremos seguir funcionando para adelante, pero no podemos seguir así”, sostuvo el secretario general de la AGAE.
La cartera de Trabajo es el único organismo facultado para “inscribir asociaciones, otorgarles personería gremial y llevar los registros respectivos”, de acuerdo con la ley de asociaciones sindicales.
En 2017 se rechazó la inscripción de diez gremios, según surge de una solicitud de acceso a la información pública. En el mismo pedido se consultó cuántas organizaciones tienen pendiente la habilitación, pero no hubo respuesta de parte del organismo.