Nuevo acuerdo pone en riesgo 186 mil empleos insdustriales
En su gira europea, el Presidente se reunirá con su par francés, Emmanuel Macron, para buscar reactivar un convenio de libre comercio entre el Mercosur y la UE. La ocupación en la industria sufriría las mayores consecuencias.
Por Tomás Lukin
La firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) pone en riesgo 186 mil puestos de trabajo industriales. El impacto potencial del tratado que Mauricio Macri buscará reflotar en su gira europea alcanza a 11 de cada 100 empleos en actividades fabriles. Un estudio realizado por el Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior que depende de la Umet advierte que el impacto laboral del proceso de desregulación y reducción de aranceles previstos en el tratado será concentrado por los sectores de metalmecánica, calzado, textil, marroquinería, muebles, autopartes, química y automotores. El impacto potencial de la apertura comercial sobre las empresas nacionales es doble. En primer lugar, el aumento de las importaciones directamente a la Argentina desplaza producción local. La segunda consecuencia de la rebaja en los aranceles llegará porque Argentina bajará su nivel de exportaciones al resto de los integrantes del Mercosur, principalmente Brasil, por el abaratamiento relativo de los productos europeos en sus mercados.
Después del fracaso de las negociaciones de diciembre en Buenos Aires la fecha tentativa para la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea se postergó a marzo. En su viaje por Europa, el presidente Macri buscará acercar posiciones con su par francés, Emmanuel Macron, quien se muestra renuente a una apertura a los productos agrícolas del Mercosur. El plazo de marzo que se pusieron como objetivo los negociadores tiene en cuenta la proximidad de las elecciones en Brasil, ya que una eventual victoria del precandidato del PT, Lula da Silva, podría frustrar los consensos alcanzados tras el advenimiento de los gobiernos de Mauricio Macri y Michel Temer. “La discusión estructural que encierra las negociaciones del acuerdo es la estrategia de desarrollo productiva del Mercosur. Una apertura irrestricta que no permita desarrollar las capacidades productivas industriales y tecnológicas acumuladas por los principales países del bloque (Brasil y Argentina) reforzaría la presión hacia la primarización de la estructura productiva local”, apunta el documento del ODEP. “Esto implica una inserción internacional basada en la exportación de recursos naturales e importación de bienes manufacturados de alto valor agregado, lo que limita las posibilidades de desarrollar los sectores que generan empleo bien renumerado y de calidad”, sostiene el informe.
El ejercicio realizado por el observatorio arroja que la rebaja de los aranceles que seguirá a la implementación plena de un acuerdo redundará en la pérdida de 186.000 puestos de trabajo. De ese total, 133.000 son empleos registrados y 53.000 son posiciones no registradas. Los principales sectores afectados en términos absolutos serían la metalmecánica con 48.000 puestos de trabajo asalariados, las actividades consideradas “sensibles” (como calzado, textil, marroquinería, muebles) donde se perderían 47.000 empleos, autopartes con una merma de 32.500 posiciones, química donde el retroceso llegaría a 19.000 y el sector automotor con 9500 trabajadores menos. “Estos sectores con larga tradición en el país, que suelen estar asociados a empleos de mayor calificación se verían fuertemente desmembrados ante una apertura total frente a la UE”, apuntan los investigadores del ODEP. Existen sectores que podrían aumentar sus niveles de producción por la apertura del mercado europeo, sobre todo en el sector de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. Sin embargo, la existencia de cuotas restrictivas, de elevados niveles de subsidios como la Política Agrícola Común (PAC), y otras barreras para-arancelarias limitan el acceso a dicho mercado.
La UE es un socio comercial relevante para Argentina. Entre 2015 y 2017, el 15 por ciento de las exportaciones, fundamentalmente derivados de la soja y alimentos –productos marítimos, carne bovina, productos frutihortícolas maní y vino–, tuvieron como destino los países del bloque. “Debido a las elevadas restricciones comerciales y subsidios a la producción agrícola que la UE mantendría a pesar de la firma del acuerdo, las ganancias por mayores exportaciones serían exiguas”, advierten los autores del reporte. Por su parte, los miembros del bloque europeo explican el 17 por ciento de las importaciones nacionales que según precisa el informe están concentradas en sectores de alto valor agregado e intensivos en conocimiento. “Las principales economías del continente europeo son potencias exportadoras en varios sectores en los cuales la industria local ha demostrado poseer capacidades y tiene tradición productiva, aunque con menores niveles de complejidad y productividad relativas. La liberalización del comercio tendría un claro impacto negativo en las potencialidades de estos sectores de escalar en la cadena de valor y generar empleos de mayor calidad fronteras adentro”, advierten desde el ODEP, que encabeza la economista Paula Español.
El informe destaca la relevancia que tiene la negociación sobre la cláusula de normas de origen para los sectores sensibles, que establece reglas para determinar si un producto es originario del bloque para que tenga trato preferencial arancelario. “Debido al proceso de deslocalización productiva, existen varios productos que son rotulados como fabricados en cierto país, pero que no cumple con las operaciones o umbrales de integración mínimas como para ser declarados originarios del mismo. Por lo tanto, si las normas de origen son laxas, este sector podría verse afectado por la entrada de productos exportados ‘made in’ UE que son fabricados mayormente en países asiáticos de mano de obra barata”. Asimismo, señalan que si bien el impacto estimado en el empleo del sector químico/farmacéutico es bajo existe una encendida disputa por la negociación correspondiente a la propiedad intelectual que podría amplificar las consecuencias sobre la actividad. “La UE busca extender la duración de las patentes, lo que impactaría negativamente en el sector farmacéutico local (y en otros como agroquímicos) ya que en el país suelen producirse aquellos medicamentos cuyas patentes han caducado”, señala el ODEP.