El «enemigo» interno
En plena etapa de transición de la Procuración General, el funcionario que quedó a cargo en forma interina, Eduardo Casal, ya empezó a dar señales para complacer al Gobierno: entre sus primeros pasos dispuso preparativos para la creación de una “estructura dedicada a facilitar y elaborar una estrategia integral contra el extremismo violento y el terrorismo internacional”. La resolución justifica la iniciativa en razones genéricas como que se trata de un tema de “interés institucional” y que el “terrorismo internacional” es una “amenaza”. Ni en el ámbito de la Procuración o las fiscalías existen causas vinculadas a actos terroristas, con excepción del caso del atentado a la Embajada de Israel ocurrido en 1992, en el que el propio Casal es fiscal ante la Corte en una investigación que sigue sin producir resultados, y la causa del ataque a la AMIA, que tiene su propia unidad especial. Lo concreto es que la Argentina ha adoptado con la administración de Cambiemos la agenda de seguridad que marca Estados Unidos y otros países como Israel, y en esa tónica utiliza un discurso que asimila el terrorismo a hechos de protesta. Con la desaparición de Santiago Maldonado, aunque antes también, se intentó asociar desde el discurso oficial a las comunidades mapuches con organizaciones terroristas. El Gobierno, además, se prepara para las reuniones del G20, en las que puede haber grandes manifestaciones anticapitalistas como ha ocurrido en otros países. En la Procuración aseguran que no apuntan a “hechos de índole local”.
Casal está a cargo de la Procuración desde que Alejandra Gils Carbó se pidió licencia médica, en teoría hasta fines de esta semana, aunque es sabido que presentó su renuncia a partir del 31 de diciembre tras un proceso de desgaste que fomentó el Gobierno con denuncias y presentaciones para facilitar su expulsión. El oficialismo aún no logró consensos para modificar la ley que regula el funcionamiento de las fiscalías y la Procuración como quisiera y tampoco postuló un nombre para suceder a Gils Carbó. Mientras tanto, Casal lleva adelante un interinato en sintonía con la Casa Rosada, y empieza a promover cambios, como propiciar esta nueva área contra el terrorismo. Es algo que intentó el propio Poder Ejecutivo cuando mandó el primer proyecto de reforma del Ministerio Público el año pasado que incluía una sub procuraduría Antiterrorista, pero encontró una resistencia rotunda. La oposición lo cuestionó, porque las procuradurías son estructuras permanentes que enfrentan y estudian fenómenos que no son coyunturales sino que representan los problemas criminales del país (como la trata de personas, la violencia de género, la narcocriminalidad, entre otros ejemplos). Hasta Abuelas de Plaza de Mayo envió una carta donde mencionaba la sospecha de que se utilizara para reprimir la protesta social. Igual que los abogados de Derechos Indígenas, que ya alertaban sobre intentos de caracterizar luchas sociales o territoriales como “actos de terrorismo”.
La resolución de Casal no define qué forma tendrá la estructura en cuestión, si será una procuraduría u otra cosa. Lo que dice es que se guía por el crecimiento del terrorismo internacional con la multiplicación de atentados y el compromiso de Argentina, que suscribe normas internacionales, para afrontarlo. En la historia de la Procuración, cada vez que se creó una estructura (dirección, unidad, procuraduría u otra) fue porque detectó fenómenos criminales a partir de la tramitación de causas concretas, que requieren estudio y un abordaje especializado.
En materia de terrorismo internacional, la investigación del atentado a la Embajada de Israel estuvo a cargo de la Corte y como procurador fiscal actuó el propio Casal. Nunca se determinó quién entró al país para cometer el atentado, ni de dónde salió y quién tuvo la camioneta que se usó, ni quien la manejó, ni el origen de los explosivos. No hay responsables tras 25 años. El atentado a la AMIA tiene una unidad fiscal especial que, como es sabido, estuvo a cargo de Alberto Nisman hasta su muerte en enero de 2015. Los familiares se cansaron de denunciar la impunidad y falta de avances. A 23 años, aún transcurre el juicio por el encubrimiento en la investigación y sigue el pedido de captura contra los iraníes.
Ahora el procurador interino propone hacer un “diagnóstico” para mejorar la “capacidad de prevención” y “eventual intervención de agencias estatales pertinentes a fin de dar respuestas de calidad a las demandas actuales de la sociedad”. Casal le encomienda a Juan Manuel Olima Espel, secretario de coordinación institucional, que en 90 días elabore un plan para desarrollar el área antiterrorista. Olima le dijo a PáginaI12 que, contra la interpretación más generalizada, la resolución habla de “extremismo violento” -término que toma de disposiciones internacionales– “como forma de poner un límite porque la definición de terrorismo por sí sola podría abarcar cualquier acto que genere terror”. “La resolución especifica que se descartan fenómenos locales. Lo que se plantea es estar atentos a los fenómenos internacionales. Si Argentina sufre un atentado terrorista, nos encuentra en las mismas condiciones que antes, hay que elaborar un protocolo”, dijo.
Una de las primeras en cuestionar la decisión fue la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. Primero reparó en la oportunidad elegida por Casal: “Hoy, cuando el ‘terrorismo’ es la RAM, un nuevo salto en la criminalización de la protesta”, tuiteó. “Es un intento de avanzar a tono con las políticas antiterroristas de Estados Unidos, pero recordemos que en los últimos meses el Gobierno ha realizado denuncias sin fundamentos y operaciones contra organizaciones como la comunidad mapuche, que buscan crear un ‘enemigo interno’. Siguiendo el libreto de Patricia Bullrich, en las últimas horas la vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró que la RAM comete actos que se parecen al terrorismo”, argumentó. Entre funcionarios del Ministerio Público fiscal que recibieron la notificación de la resolución reinaba un clima de alarma.