Disciplinar a la justicia

El jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires decidió por unanimidad suspender en forma preventiva al juez en lo contencioso administrativo Luis Arias para llevar adelante su juicio político por supuesto mal desempeño. Será juzgado por 21 cargos, la mayoría de ellos vinculados con sus fallos judiciales y en particular con decisiones destinadas a proteger los derechos humanos. Durante el debate de los integrantes del jury, que duró cerca de tres horas, se impuso el concepto de que las resoluciones de Arias y sus explicaciones en medios de comunicación responden a que tiene aspiraciones políticas. Por lo que se aprecia en las 250 páginas que derivan en su suspensión no se advierte la relación entre el resguardo de derechos y la supuesta actuación política. Son decisiones que implican la implementación de determinadas políticas en casos de, por ejemplo, incumplimientos del Estado, pero no se advierte la política partidaria. La acusación corre por cuenta del procurador bonaerense, Julio Conte Grand, ex secretario Legal y Técnico de María Eugenia Vidal y los diez jurados presentes apoyaron su avance.

La suspensión dura hasta que termine el proceso de enjuiciamiento, aunque el jurado estableció un plazo de apartamiento preventivo de 90 días en el que Arias recibirá 40 por ciento menos de su sueldo. El oficialismo lo tenía en la mira por una larga lista de decisiones que este juez tomó en temas de alta sensibilidad: frenó el DNU de Mauricio Macri que ordenaba la disolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que había sido creada para aplicar la Ley de Medios; falló contra el tarifazo de la luz; en favor del reclamo docente, la paritaria y el derecho a huelga, entre otros asuntos de los últimos tiempos.

Los 21 cargos formulados en su contra se agrupan en tres temas: aluden a decisiones adoptadas en causas sobre derecho a la vivienda, derechos de personas privadas de la libertad y sucesos en torno a las inundaciones de 2013 y el número de víctimas. Arias es juez del fuero contencioso administrativo, que es el que se ocupa de casos que pueden involucrar de un modo u otro al Estado. En numerosas acusaciones en su contra lo que sucede es que hay fiscales penales que disputan con él la actuación. La única que fue descartada por el jurado era la que le consideraba una irregularidad que hubiera firmado una solicitada en “defensa de la democracia” con algunos cuestionamientos al Gobierno nacional que también firmaban referentes sociales, políticos y culturales. Las figuras planteadas para cuestionarlo son “prevaricato (fallar contra derecho), abuso de autoridad, e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El jurado que estableció la suspensión tiene once integrantes. El único ausente fue diputado Pablo Garate, del Frente Renovador. Los otros cuatro legisladores presentes eran el senador Jorge D’Onofrio de esa misma fuerza, Roberto Costa (Cambiemos), Héctor Vitale (Bloque Peronista) y el diputado Marcelo Feliu (Cumplir). Los abogados conjueces de la Corte local que asistieron son Fabián Ramón González, Diego Alejandro Molea, Osvaldo Enrique Pisani, Ambrosio Luis Bottarini y José Alberto Apaz. La presidenta es la jueza suprema bonaerense Hilda Kogan. Todos firmaron la resolución que dispone la suspensión de Arias y abrir la etapa de enjuiciamiento, que comenzará con presentación de pruebas y podría tener audiencias en febrero.

La mayoría de los casos fueron denuncias o cuestionamientos de fiscales penales. En el expediente de las inundaciones, donde Arias tramitó un habeas data, la pulseada fue con el fiscal Jorge Paolini ya que el juez le indicó que no era él quien debía hacer la estimación del número de víctimas de la inundación, ya que su competencia es penal, como acusador. La Corte bonaerense, además, ratificó la competencia de Arias en el tema y finalmente su sentencia, que estableció que el número de víctimas era de 89, por lo menos 20 más que el número que había dado el gobierno de Daniel Scioli (hubo muertes por la inundación contabilizadas como naturales, y hasta cuerpos enterrados con un mismo nombre), lo que fue confirmado por la Cámara Contencioso administrativo. Aún así Arias fue imputado penalmente por abuso de autoridad y el pedida su remoción.

En el capítulo de los cargos por el papel de Arias en los casos de desalojos, también fue acusado de intervenir donde ya actuaba la justicia penal, frenando desalojos frente a los cuales no existía ninguna alternativa habitacional para cientos de familias. No hubo otra autoridad judicial que ponderar los intereses en juego en los desalojos forzosos. Los casos en cuestión (desalojo de 950 familias en Abasto, por ejemplo) fueron en base a una “ley de acceso justo al hábitat” que prohibía desalojos, que ya desde antes solo podían ser medidas excepcionales. Y el otro grupo de causas está relacionado con intervenciones de Arias para asegurar el derecho a la salud de personas privadas de la libertad. Para el Procurador ese derecho está garantizado por los jueces penales. Sin embargo en el caso “Dimicroff” Arias autorizó el traslado de un preso que tenía una infección generalizada consecuencia de una amputación y no recibía atención. El juez optó por garantizar un recurso rápido y efectivo. Pero es acusado porque se considera que invadió jurisdicción penal.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó ayer ante el jurado con un escrito en el que pide ser admitido como “amicus curiae”, o sea un tercero amigo del tribunal que puede aportar elementos al caso. En su escrito dice que “las causales alegadas por el Procurador General” se “refieren a la intervención del juez Luis Arias en procesos judiciales que buscaban asegurar derechos humanos fundamentales, ante acciones u omisiones de autoridades provinciales, y en función de herramientas procesales definidas para asegurar, al menos, un recurso judicial efectivo”. “Se vislumbra en la acusación –agrega el texto– una crítica encubierta de la función judicial activa en protección de derechos humanos…” También se presentó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en un escrito donde llama a “reflexionar sobre el avance del poder político sobre el Poder Judicial, repudiando el no cumplimiento de respeto al a división de poderes constitucionales”. La CTA y otras organizaciones expusieron su apoyo al juez también.

Este año el jurado bonaerense inició 25 procesos de remoción. En los que avanzaron, los jueces renunciaron. Arias puso ayer en su cuenta de Twitter: “Me quedo con los abrazos mojados por la lluvia y el inmenso afecto de la gente. No bajaremos los brazos, que no se confundan, que este no es el final, sino el comienzo”.