Rajoy destituye a Puigdemont
El 21 de diciembre los catalanes irán a las urnas, según la convocatoria que firmará el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha asumido las competencias en esa materia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Este será destituido junto a todos los miembros de su Ejecutivo en virtud del artículo 155 de la Constitución y tras la aprobación ayer en el Senado de las medidas que después rubricó el Consejo de Ministros. Entre otras medidas adoptadas está la extinción de las llamadas embajadas en el exterior abiertas por la Generalitat —salvo la de Bruselas— y el cese de los delegados en Madrid y en la capital belga.
No se trata de “suspender la autonomía, sino de devolver la legalidad y el autobierno a Cataluña cuanto antes”, dijo Rajoy tras el Consejo de Ministros que aprobó este viernes la intervención de la Generalitat de Cataluña. Con el objetivo de que la situación de excepcionalidad termine cuanto antes, el presidente decidió ayer convocar elecciones para el próximo 21 de diciembre, mucho antes de cualquiera de las fechas que se habían barajado. Esta decisión posibilita que las medidas que ayer adoptó el Consejo de Ministros tengan una breve duración. Además, el Ejecutivo decidió registrar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán.
Junto a las elecciones, el jefe del Ejecutivo, que compareció cerca de las 20.20 acompañado por todos los miembros de su Gobierno, anunció la destitución del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, del vicepresidente, Oriol Junqueras, y de todos los consejeros, a excepción de Santi Vila, que había dimitido el día anterior.
Los consejeros cesados son los siguientes: Jordi Turull, de Presidencia y portavoz del Govern; Raül Romeva, de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia; Josep Rull, de Territorio y Sostenibilidad; Clara Ponsatí, de Enseñanza; Meritxell Borràs, de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda; Antoni Comín, de Salud; Dolors Bassa, de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias; Joaquim Forn, de Interior; Lluís Puig, de Cultura; Carles Mundó, de Justicia; y Meritxell Serret, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
En el capítulo de ceses y extinciones de organismos el presidente del Gobierno anunció la desaparición de las oficinas del presidente y del vicepresidente; así como de las llamadas embajadas de la Generalitat en el exterior —a excepción de la de Bruselas—. Al tiempo, se decidieron los ceses del secretario general del departamento de Interior, César Puig; del director general de la policía autónoma, Pere Soler (no así del jefe policial de los Mossos, Josep Lluís Trapero); del delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, y de su representante en Bruselas, Amadeu Altafaj. En total, al añadir el personal de confianza dependiente de esos cargos, habrá más de 140 bajas.
Las medidas se condensan en cinco decretos que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado en las próximas horas. Incluso cabía la posibilidad de que fueran publicadas en el boletín de medianoche, que se publica justo al inicio del nuevo día, según indicaron fuentes de la Presidencia del Gobierno.
Los deseos iniciales del presidente, Mariano Rajoy, se han cumplido casi milimétricamente después de escuchar muchas opiniones. Así, en principio, no habrá ningún órgano que coordine (a semejanza de un consejo de ministros) la tarea de control de la Administración autonómica, sino que los organismos encargados de cumplir lo acordado por el Senado serán los propios ministerios. Cada uno de ellos tiene asignada la consejería que le corresponde, aunque con algunos ajustes, ya que sus competencias no son exactamente idénticas a las de los ministerios. Habrá asuntos transversales. Este trabajo ya estaba muy elaborado por cada ministro ante la indicación de Rajoy de que esta era su apuesta prioritaria.
Una vez decididos los ceses de ayer, no tendría por qué haber más destituciones si los números dos o tres de cada exconsejero cumplen estrictamente con su cometido de gestión. Ni hay tiempo ni intención de cambiar las políticas de cada área, señalan fuentes gubernamentales. Solo se suprimen las áreas que han sido punta de lanza del proyecto independentista.
“Respondemos a unas decisiones que pretenden imponer un secuestro inadmisible a los catalanes y el hurto de una parte de su territorio al conjunto de los españoles”, dijo el presidente durante una breve declaración tras el Consejo de Ministros. “El Estado dispone de medios suficientes para, de forma pacífica y moderada, recuperar la normalidad legal y disolver las amenazas que [los independentistas] están volcando sobre la convivencia”, añadió durante una intervención en la que le acompañaron todos sus ministros.
Todas las medidas adoptadas ayer son relevantes, pero la convocatoria de las elecciones es del máximo calado político. La fecha elegida para los comicios autonómicos, el 21 de diciembre, choca con el criterio inicial del PP, proclive a celebrar las elecciones no antes de ocho meses, citando el mes de junio como referencia.
“Cuanto antes”
En el PP se consideraba que no se darían las condiciones de normalidad necesarias antes de ese tiempo para celebrar unos comicios en los que aún no está asegurada la participación de los partidos independentistas. El criterio del PSOE y de Ciudadanos era de que fueran en el mes de enero. Rajoy ha sorprendido con la decisión de que se celebren en menos de ocho semanas.
El presidente ya anticipó por la mañana en la sesión del Senado que las elecciones serían “cuanto antes”. Solo citó esa medida y los ceses de los miembros del Gobierno de la Generalitat a cuyo comportamiento dedicó frases dolientes por el “destrozo” que han provocado en la sociedad catalana y española. A ello se volvió a referir anoche en La Moncloa en su comparecencia sin preguntas en la que leyó el listado de medidas tomadas junto a consideraciones de confianza dedicadas a la ciudadanía.
Rajoy mantuvo durante todo el día una comunicación continua con Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, y Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, sus dos socios del frente constitucionalista. A ambos les transmitió el jefe del Gobierno las medidas planteadas en el Consejo de Ministros.
La larga tramitación del artículo 155 en el Senado llevó a un diálogo continuo entre los principales líderes del PP y del PSOE, que acabaron pactando dejar el control de los medios públicos catalanes fuera del ámbito de la intervención del Gobierno en Cataluña. Además, el plan aprobado en la Cámara alta endureció las medidas que puede tomar el Ejecutivo contra los funcionarios que no colaboren en la aplicación de las medidas.
El PP, el PSOE y Ciudadanos se enfrentan ahora al momento más difícil de su alianza constitucionalista: reaccionar sin fisuras en su unión a la declaración de independencia votada por el Parlament. El primer paso se dio ayer en el Senado y en La Moncloa. La preocupación se centra ahora en la respuesta que dé en la calle el importante sector independentista de la sociedad catalana. “Lo que ha pasado es desgarrador y angustioso, pero ahora vamos a trabajar por la tranquilidad y la esperanza de todos los catalanes”, dijo Rajoy.
LAS MEDIDAS APROBADAS
Estas son las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución:
Cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont; del vicepresidente, Oriol Junqueras y de todos los Consejeros del Gobierno autonómico.
Designación de los órganos administrativos encargados de dar cumplimiento a las medidas, que serán los Ministerios correspondientes a las competencias de cada Consejería.
Extinción de las secretarías de Presidencia y Vicepresidencia.
Extinción del Diplocat.
Extinción de las Delegaciones de la Generalitat en el exterior, excepto Bruselas.
Cese del Delegado del Gobierno catalán en Bruselas.
Cese del Delegado del Gobierno catalán en Madrid.
Cese del Secretario general de la Consejería de Interior.
Cese del Director general de la Policía Autonómica.