El pasado se repite
Entre abril y mayo de 1879 Julio Argentino Roca llevó a cabo la conocida “conquista del desierto”. Este exterminio indígena ya había comenzado durante la Colonia Española, y luego del nacimiento de nuestro país ya llevaba cerca de medio siglo. Luego de la mencionada campaña militar llevada a cabo por Roca vendrían otras tantas en la misma Patagonia y luego en el Chaco, sin embargo la “Conquista del Desierto” es la más recordada por su ferocidad.
La “Conquista del Desierto” significó la consolidación del latifundio en la Argentina, al margen de que se despojó a los Indígenas de sus tierras ancestrales, ni siquiera se repartió esa tierra entre campesinos pobres o medios, inmigrantes que querían trabajar la tierra, criollos o mestizos, no hubo un plan de colonización para el desarrollo agropecuario como sí ocurrió en esa misma época en EEUU, donde se repartió la tierra a colonos, lo que implicó un desarrollo del sistema Capitalista. En nuestro país sólo un pequeño grupo de terratenientes fue beneficiado con la entrega de tierras, el gran problema indígena en la Argentina es el problema de la tierra. Cabe mencionar que entre aquellos grandes terratenientes entre los que se repartieron miles de hectáreas se encuentran los Brown – Menéndez.
José Menéndez, arribó a Buenos Aires en 1866, luego se radicó en la Patagonia, donde se transformó en gran estanciero, tuvo nueve hijos. Josefina, una de las hijas de José, se casó con el que hasta ese entonces era el principal competidor de su padre en toda la Patagonia, el patrón Mauricio Braun. En 1907 debido a la crisis financiera se asociaron suegro (José) y yerno (Mauricio).
Josefina Menéndez y Mauricio Braun tuvieron diez hijos. Uno de ellos, Eduardo Braun Menéndez, tuvo diez hijos, entre ellos a la madre del jefe de Gabinete, Clara Braun Cantilo. Miguel Braun, actual Secretario de Comercio, es nieto de Mauricio Braun.
Después de casi 140 años de aquel despojo de tierras y reparto a grandes latifundistas, entre ellos los Braun – Menéndez, el actual gobierno Nacional, conducido por muchos descendientes de aquellos grandes apropiadores, como Marcos Peña y Miguel Braun reprime al Pueblo Mapuche e increíblemente los acusa de ¡usurpadores!.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich sorprendió ayer en su caracterización de los grupos mapuches, a los que llevó al nivel de una peligrosa guerrilla separatista. “No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina”, sostuvo al justificar la postura represiva del Gobierno ante las protestas en el sur (al mismo tiempo que pasan los días y no puede aportar un solo dato sobre el destino de Santiago Maldonado, desaparecido en medio de la represión de gendarmería).
ALGUNAS ACLARACIONES JURÍDICAS
La Sociedad Rural en un comunicado de prensa sostuvo que “Argentina requiere de jueces probos y de una justicia ágil, que resguarde al ciudadano que se ajusta a derecho». En relación al “Derecho” hay que decir que nuestra Constitución, en su Art. 75, Inc. 17 garantiza la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas, como así también la entrega de otras aptas, al mismo tiempo el Convenio 169 de la OIT de Jerarquía superior a las leyes, en el mismo sentido garantiza la propiedad de las tierras indígenas.
Por último, el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza el derecho a la propiedad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intérprete de aquella Convención, ha sostenido en reiteradas oportunidades que tal derecho protege también la “propiedad indígena”. De hecho hay innumerables fallos ordenando la restitución de tierras a Comunidades que fueron desplazadas hace muchos años.
Por lo tanto es el Estado Argentino el que viola la ley a no reconocer las tierras y territorios indígenas. Son los grandes Terratenientes los usurpadores que luego de quedarse con millones de hectáreas de pueblos indígenas consolidaron esa apropiación por medio del sagrado “derecho de propiedad”.
La desaparición del joven Santiago Maldonado en medio de una protesta Mapuche es un hecho gravísimo, como también lo es la embestida violenta del Gobierno Nacional contra las Comunidades Indígenas en violación de nuestra Constitución y Tratados Internacionales.
Javier Alamino – Abogado